Declaración de Lima
En ocasión de las reuniones anuales 2015 del FMI y el Banco Mundial
Las
organizaciones abajo firmantes, reunidas en el foro social “Desmintiendo
el Milagro Peruano” organizado por la Plataforma Alternativa a las
reuniones anuales del Grupo Banco Mundial (GBM) y del Fondo Monetario
Internacional (FMI), en la ciudad de Lima entre el 7 y el 9 de octubre,
expresamos ante los gobernadores y demás autoridades de ambas
instituciones financieras internacionales, y ante la opinión pública en
general lo siguiente:
CONSIDERANDO,
- Que, el sistema de gobierno del FMI y el Grupo Banco Mundial, dos de las instituciones multilaterales más grandes de la actual arquitectura financiera internacional, no es democrático. Se sigue basando en el principio de “un dólar, un voto” con lo cual, los países más ricos controlan la toma de decisiones que impactan a todo el mundo. Todas las reformas de voz y cuota aprobadas hasta ahora han sido puramente cosméticas.
- Que, luego de 70 años de fundación, ni el FMI ha ayudado a mantener la estabilidad de la economía mundial previniendo crisis cíclicas del capitalismo con su rol de seguimiento técnico (no evitó ni alertó la crisis asiática de 1997 o la crisis rusa de 1998, ni la argentina del 2001/2002, ni la que estalló en Estados Unidos en 2007 por las subprime, ni la crisis que se vive en Europa desde el 2010, entre otras); ni el Banco Mundial ha logrado acabar con la pobreza, todo lo contrario más de mil millones de personas viven en pobreza y la desigualdad aumenta (un 1 por ciento de la población mundial posee el 50 por ciento de la riqueza).
- Que, las condicionalidades de política económica de los préstamos que ofrecen, unido a funciones tan sensibles como las de indicar qué países deben recibir más o menos recursos financieros de fuentes tanto públicas como privadas, les ha permitido imponer desde reformas estructurales derivadas del “Consenso de Washington”, hasta las políticas de austeridad para enfrentar la actual crisis económica que vive el mundo y que no ayudaron a prever. Ese ha sido el real papel cumplido por estas dos instituciones.
- Que, la aplicación de las medidas propuestas por el llamado Consenso de Washington provocaron la precarización del trabajo, la pérdida del derecho al acceso universal a servicios básicos de salud y educación y priorizaron los intereses del mercado al de las personas. Dicho consenso junto a las políticas de austeridad son responsables del aumento de la exclusión y la desigualdad a nivel global y en especial de América Latina.
- Que, los actuales mecanismos de resolución de deuda, promovidos por el FMI, no son favorables a los países que enfrentan una crisis. El FMI ha ignorado de manera sistemática el trabajo de la Organización de las Naciones Unidas en este tema.
- Que, el Banco Mundial en los últimos años presenta una tendencia de flexibilización de los estándares socio-ambientales de sus proyectos al considerarlos como una traba o exigencia burocrática a la inversión. Ello ha provocado conflictos socio-ambientales en muchas comunidades y sectores sociales, y ha influido en las políticas de toda la banca de desarrollo multilateral y en la de los propios Estados. El proceso de revisión de las salvaguardas ambientales y sociales del GBM se encuentra en esta tendencia.
- Que, tanto el GBM como el FMI son sujetos de derecho internacional y están obligados a garantizar y respetar las normas nacionales e internacionales de derechos humanos. En este sentido, no se debe dejar en manos solo de los Estados la aplicación de los estándares ambientales y sociales, sino que los mismos deben tener un marco de referencia internacional impulsado por las propias instituciones financieras como el GBM o el FMI.
- Que, en lugar de promover y financiar la prestación de servicios básicos como salud, alimentación y educación de cara a la realización y respeto a los derechos humanos, condición para el desarrollo integral de las personas; ven en ellos una oportunidad de negocios o un nicho de mercado a atender.
- Que, aunque reconocen la relevancia de la igualdad de género para el desarrollo y bienestar de los países, su contribución es considerada solo en forma instrumental en relación al crecimiento económico.
- Que, si bien hay avances en el reconocimiento de los derechos humanos de las poblaciones indígenas, la vulnerabilidad de estas comunidades requiere un reconocimiento explícito, claro y sin excepciones a su derecho a la consulta libre, previa e informada por parte del GBM, FMI y todas las instituciones que forman parte de la arquitectura financiera global.
- Que, el Banco Mundial viene promoviendo la inversión extranjera en mega proyectos de infraestructura con un enfoque que profundiza el modelo primario exportador, y que a través de asociaciones público-privadas (APP) encarece el costo de los servicios públicos, genera riesgos de deuda, impactos socio-ambientales, entre otros efectos negativos.
- Que, las políticas de salvaguardas del GBM aun no son suficientes para proteger los derechos humanos de las personas LGTBI, con discapacidad, mujeres y otros colectivos en situación de vulnerabilidad afectados por los proyectos del Banco. La protección legal de estos sectores además de ser una cuestión de derechos humanos, es también una cuestión de justicia económica.
- Que, el FMI y el GBM así como todas las instituciones multilaterales deben luchar contra los flujos financieros ilícitos (FFI) provenientes de la elusión y la evasión fiscal de empresas transnacionales, el lavado de activos y la corrupción. Son millones de millones de dólares los que salen como FFI de los países llamados “en desarrollo” cada año.
- Que, las políticas del GBM y del FMI promueven la elevación de los impuestos al consumo, reduciendo los que gravan las ganancias, afianzando la regresividad tributaria en muchos Estados.
- Que, existen en el mundo muchos ejemplos como el de una empresa minera peruana donde la Corporación Financiera Internacional del GBM es socia (Yanacocha, con el 5 por ciento de participaciones) y ha facilitado líneas de financiamiento, ha sido denunciada por organizaciones de sociedad civil por la elusión del pago en el impuesto a la renta. Esa misma Corporación fue parte de la empresa Off Shore “Peru Privatization Fund” (PPF), denunciada por el Congreso peruano de 2001-2006 como un caso de corrupción con la deuda externa en los noventa.
- Que, el rol del GBM sobre los bosques presenta caras múltiples. De un lado, es el administrador fiduciario de diferentes fondos para la mejora de la gestión forestal y la reducción de emisiones provenientes de la deforestación en países desarrollados, por el otro impulsa actividades que ejercen gran presión sobre el bosque como es la ejecución de mega proyectos de infraestructura o el impulso de monocultivos que derivan en la degradación de los bosques.
- Que, en el Perú las recientes medidas normativas (conocidas como paquetazos) para enfrentar la desaceleración económica, como la denominada “Ley Pulpín”, que pretendía reducir al mínimo los derechos laborales y beneficios sociales de los trabajadores y trabajadoras más jóvenes (siendo rechazada por una gran movilización social este año), se encuadran en el enfoque de flexibilización laboral del Banco Mundial. El proceso de revisión de las salvaguardas ambientales y sociales del GBM se encuentra también en esta tendencia.
- Que, el Perú es uno de los países con mayor flexibilización laboral con cuarenta regímenes especiales, algunos de ellos únicos en el mundo como el régimen de exportaciones no tradicionales que afectan al sector textil y agroindustrial, producto del ajuste estructural promovido por el GBM y el FMI. Así, esas políticas laborales no propician el “trabajo digno” ni respetan los estándares y convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que constituyen los pilares fundamentales de los derechos de trabajadores y trabajadoras. Asimismo, en el proceso de revisión de salvaguardas del Banco Mundial se evita cualquier mención a dichos estándares y convenios. Y en el informe periódico Haciendo Negocios del mismo Banco Mundial se califica positivamente a los países que más han desregulado y flexibilizado el mercado de trabajo.
- Que, en estas reuniones anuales a realizarse en Lima, el FMI y el GBM pretenden mostrar al Perú como un ejemplo a seguir para los demás países. Para ello comunican que el crecimiento económico peruano de los últimos años se relaciona con las políticas recomendadas por dichas instituciones, y no por el súper ciclo de los altos precios de los metales. Ello además de ser falso, pues todos los países de la región crecieron en el mismo periodo sin necesidad de ceñirse a las políticas del FMI y el GBM, envía un mensaje equivocado para establecer reales medidas contra la crisis.
- Que es posible que los países solventen su propio desarrollo y salgan de las crisis haciendo uso de sus propios recursos sin el control asfixiante de los planes de austeridad del FMI, poniendo la voluntad popular y la soberanía económica nacional sobre la mesa de negociación.
DECLARAMOS,
- Que es urgente y necesario que el FMI y el GBM se democraticen acabando en primer lugar con el denominado “Pacto de Caballeros” por el cual, por más candidatos que se presenten a conducir estos organismos, siempre Europa y Estados Unidos terminan imponiendo los suyos y promoviendo una reforma real de estas instituciones a través de un cambio sustancial de la representación de los países “en desarrollo”.
- Que tanto el FMI como el GBM como instituciones con un mandato de desarrollo deben rendir cuenta en todo momento a los ciudadanos de sus operaciones. Las voces de la sociedad deben tener un espacio relevante en dichas instituciones y no solo dos reuniones anuales.
- Que es urgente y necesario que el FMI y el GBM respete y cumpla los nueve principios básicos de reestructuración de deuda soberana adoptados por la Resolución A/RES/69/319 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en septiembre del 2015 para acabar con los fondos buitre, en especial cuando se señala que “Un Estado soberano tiene derecho, en el ejercicio de su facultad discrecional, a elaborar sus políticas macroeconómicas, incluida la reestructuración de su deuda soberana, derecho que no debe verse frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas. La reestructuración debe hacerse como último recurso, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores”.
- Que es urgente que el FMI y el GBM asuman su responsabilidad en la lucha contra los flujos financieros ilícitos promoviendo mecanismos de transparencia para las transnacionales a fin de que paguen los impuestos correspondientes en los territorios donde obtienen renta. La política de atracción de inversiones extranjeras no debe estar sustentada en estímulos y exoneraciones fiscales.
- Que es urgente que el GBM estudie el caso de elusión de impuestos de la minera Yanacocha donde la Corporación Financiera Internacional del GBM es parte, y evalúe el rol de la Corporación en el caso PPF.
- Que la igualdad de género sea considerada como principio de ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos y la autonomía económica, en todas las políticas y mecanismos de las instituciones financieras.
- Que se respete y considere la vigilancia indígena de la inversión en las intervenciones del GBM y el FMI, así como promover que los países que quieran recibir préstamos brinden protección legal a la orientación sexual, a la identidad de género y otros sectores de la población en situación de vulnerabilidad. El GBM y el FMI deben incluir una referencia explícita a la identidad y expresión de género, así como a la orientación sexual (de manera transversal) en sus políticas operativas.
- Que el GBM reduzca la presión sobre los bosques y contra la población que depende de los mismos, la biodiversidad y las reservas de carbono. Por el contrario, debe incrementar su rol coherente en la lucha contra el cambio climático, especialmente en las áreas cubiertas de bosques, lo cual implica que los fondos actuales que administra tengan una mejor coordinación y no dupliquen esfuerzos. Asimismo, creemos importante que el GBM se asegure un mejor planeamiento energético, donde se financiera de manera clara y oportuna las energías renovables y se reduzcan los subsidios a los combustibles fósiles.
- Que el GBM y el FMI no sigan promoviendo políticas de privatización de los servicios públicos, ni la flexibilización socio-ambiental en ningún país del mundo. Las APP deben ser estudiadas caso por caso y no impuestas como un dogma, evaluando los costos para el sector público, los impactos que genera y estableciendo mecanismos de transparencia en los contratos a fin de facilitar el monitoreo ciudadano.
- Que la flexibilización socio ambiental que el GBM y el FMI con el cambio de sus estándares ambientales y sociales para inversiones públicas y privadas, acarreara conflictos socioambientales, como los recientemente vividos en la región, especialmente en Perú en proyectos mineros como el proyecto Las Bambas, donde se están aplicando instrumentos de gestión ambiental sin una adecuada gestión ambiental y participación ciudadana (por ejemplo, ITS).
- Que considerando esta tendencia nacional (e internacional) es importante el fortalecimiento por parte del GBM de procedimientos claros para la evaluación de los riesgos ambientales y sociales de sus proyectos y no dejar estos procesos solo en manos de los Estados.
- Que el GBM y el FMI respeten y cumplan en todas sus operaciones y recomendaciones de políticas, los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, especialmente en cuanto a la promoción de trabajo digno y decente.
Lima, 7 de octubre del 2015
